La democracia argentina ha alumbrado una nueva ley de medios, momento histórico en el país que ubica a la ciudadanía y los actores de la comunicación frente a desafíos de diverso orden. Tiempo de debates en el que los medios privados profesionales junto a aquellos sectores que se opusieron al tratamiento de la ley, perdieron la oportunidad histórica de agregar calidad, diversidad y multiplicidad a la democracia. Porque el enorme poder simbólico de la normativa puso en escena pública la posibilidad de enfrentar la naturalización que nos hizo creer que el mundo de la comunicación y de la información se correspondía con la única forma viable en la época del capitalismo especulativo-financiero: el mercado y sus leyes, el mercado y sus beneficios.
¿Dónde encontramos y qué lugar ocupa hoy la idea de comunidad? ¿Qué espacios colectivos se nos ofrecen? ¿Cómo y de qué manera se construye el nosotros? qué significa hoy realizar la experiencia de lo común? ¿Dónde y cómo buscar los espacios de lo colectivo? ¿De qué manera incide la nueva ley de medios en la construcción de nuestra identidad?
Intentamos visualizar algunos indicios. Un marco regulatorio amplio, abarcativo, con espíritu de reconocimiento de otros lugares de producción de sentidos, con capacidad para regular éstas y otras modalidades de gestión de medios, ubica a la Ley como habilitadora de un nuevo lugar, un nuevo sentido de lo común en materia de comunicación.
La poderosa reacción de los monopolios informativos que preservan para si la memoria nostalgiosa del imperio del dios mercado, está en directa relación con los intereses afectados. La ley les impone plazos y tiempos. Un tiempo de adecuación porque el articulo 161 establece un límite máximo de hasta 10 frecuencias por empresa. Varios de los oligopolios vigentes en Argentina superan largamente ese número, por lo que tendrán que tomar decisiones empresariales y adecuarse a la norma. Pero la nueva normativa también implica la llegada de un tiempo de inversión, porque habrá mayor diversidad y presencia de voces locales y reconocimiento de las identidades regionales y de organizaciones sociales que gestionarán medios. Habrá también un sistema gratuito de televisión, y el cable, o los servicios por suscripción, van a abaratarse. Las cooperativas ingresarán como prestadoras del servicio de radio y televisión. Cada radio y cada canal de televisión tendrá que garantizar una cuota de producción local, con una cuota de pantalla para el cine nacional y latinoamericano y la música nacional. La ley no condiciona contenidos, excepto en cuanto a exigencias que tienen que ver con la producción local, la producción propia y la producción nacional. La nueva normativa prevee también la figura del defensor del público, hay protección a niñas, niños y adolescentes con propuestas de recepción crítica y designa una nueva autoridad de aplicación – AUFER-, que intervendrá en la regulación del sistema de radio y televisión, órgano en el que participan integrantes del parlamento, del poder ejecutivo y de la sociedad civil. Otra forma de fortalecer la memoria colectiva, que le da sentido a la sociedad, sobre la base de la participación de diversos sectores, desde distintas experiencias y saberes.
Para Jorge Huergo la nueva Ley de Comunicación en varios sentidos patea el tablero de la comunicación, pero también el de las políticas culturales en Argentina, sostiene que “hay cuatro aspectos centrales de la ley que contribuyen a revolucionar el campo de la palabra: la des-monopolización de la palabra (y la imagen), la democratización de la palabra, el quiebre de una prolongada des-politización de la esfera pública y el impulso de unas políticas culturales otras” Afirmaciones que cobran sentido a la luz del rol central que ha jugado la Coalición por una radiodifusión democrática, por cuanto expresa a la ciudadanía ganando y resignificando el espacio de lo público. Tarea que deberá profundizarse en el cuidado y guarda en las etapas de reglamentación e implementación de la normativa.
El momento actual exige continuar trabajando para aclarar y resignificar una ley que a todas luces, es un instrumento posibilitador del ejercicio y el derecho a la palabra y en tanto tal, lugar de reproducción social y autorreproducción individua y que sienta las bases de un nuevo mapa político cultural, donde el Estado toma la iniciativa fuerte de generar políticas culturales, no dejándolas en las manos del mercado. Y esas políticas culturales vinculan a la educación y la cultura con la comunicación y la información. En ese marco, las universidades públicas y las carreras de comunicación del país, necesariamente deberán adecuar sus contenidos a las exigencias del nuevo escenario y los sentidos políticos que recupera. Por su parte, las radios comunitarias existentes tienen para si la oportunidad de profundizar sus proyectos políticos comunicativos y el desafío de trabajar articuladamente para acompañar los medios sociales que vendrán.
La ley instala una política cultural dialógica, como reconocimiento de que la cultura es una urdimbre de palabras y de voces, de identidades y visiones del mundo, y como larga construcción del entramado socio-cultural, desde lo político y de la sociedad política, con la mirada esperanzada en ese otro mundo posible que tenemos como horizonte.
www.cecopal.org ; www.eci.unc.edu.ar ; www.farco.org.ar
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