La aprobación de la Ley de SCA constituye un avance decisivo. La transformación sustancial de la normativa sobre los servicios de comunicación audiovisual, no puede ser interpretada como un mero cambio formal, pues sus implicancias en la estructuración del sistema de medios serán determinantes: el escenario que se avecina supone no sólo la adecuación de los medios de carácter comercial, sino también una renovación del sentido y la propuesta del sistema público, así como de los medios creados y por crearse desde la sociedad civil.
Y es aquí donde comienzan los próximos desafíos. En el nuevo escenario, los medios comunitarios y cooperativos, pero también los públicos, se enfrentan al reto de reconocer las zonas de vacancia que deja la configuración actual del sistema de medios, uniformado y homogéneo. Pero al mismo tiempo, deben construir sus propuestas desde la comprensión de que los públicos hemos sido formados con estos medios, en cuyos formatos, contenidos y estéticas nos reconocemos.
Desde nuestros espacios de organización y acción política en el ámbito de las comunicaciones, debemos aportar a la realización de los horizontes postulados por la Ley: el respeto del derecho humano a la comunicación, la democratización de la palabra y la expresión plural y diversa de opiniones y contenidos en el espacio público.
Todos estos objetivos suponen, sabemos, un nuevo protagonismo de las organizaciones sociales en el escenario mediático. La experiencia acumulada de relación con los medios comerciales y comunitarios existentes es el punto de partida para imaginar las tareas que se avecinan. Pero es imprescindible trascender el malestar y las estrategias de “infiltración” en los medios masivos, para crear nuevos proyectos de medios y producción de contenidos con capacidad de participar en el diálogo público –siempre diverso y conflictivo-, que es la arena de la política.
En este sentido, al menos tres líneas de acción pueden ser abordadas:
- la difusión acerca de los contenidos y las posibilidades que ofrece la Ley a organizaciones, grupos e instituciones sin fines de lucro, alentando su participación en el nuevo escenario mediático en las diversas formas previstas por la normativa.
Si bien el debate sobre la Ley tomó estado público, y las organizaciones que apoyaron la iniciativa tienen un manejo profundo de sus contenidos, lo cierto es que aun la gran mayoría de los actores colectivos de la sociedad civil no cuentan con información de calidad acerca de las implicancias de esta Ley en la configuración del sistema de medios, ni respecto de los derechos y espacios de acción que la nueva regulación contempla para las organizaciones. La difusión, el debate y la proyección a partir de las posibilidades concretas que emergen con esta Ley es una tarea que sigue siendo imprescindible.
- el apoyo, asesoramiento técnico y capacitación de las organizaciones para la creación de nuevos medios y contenidos. Estos procesos de formación deben incluir aspectos técnicos, administrativos y de gestión integral de los medios, así como vinculados a la producción artística y de los lenguajes radiofónico y audiovisual. Pero también es necesario continuar poniendo en debate los objetivos de estos nuevos medios, y su relación con el derecho a la comunicación, la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este sentido, una tarea de este espacio es la articulación con las Universidades Nacionales de nuestra provincia para la construcción de proyectos de formación y extensión que fortalezcan esta iniciativa. Las Universidades públicas han jugado un papel significativo en el debate por la Ley, y debemos apostar a multiplicar su compromiso en la efectiva democratización del sistema de medios.
Por otra parte, debemos ser capaces de integrar los avances que desde el campo de las tecnologías de comunicación e información pueden aportar al fortalecimiento de estos proyectos mediáticos. Apoyados en el software libre y bajo licencias creative commons, muchos artistas logran traspasar las barreras de las empresas discográficas y estimulan una cultura del compartir y defender los bienes intelectuales comunes. Estas producciones artísticas, así como los propios productos de los nuevos medios, pueden ser compartidos por el movimiento de radios y televisoras sociales diversificando, ampliando y elevando la calidad de su propuesta comunicacional.
- La investigación y producción de propuestas sobre modalidades de gestión económica que garanticen la sostenibilidad y crecimiento de los medios de propiedad social.
El reconocimiento del derecho ciudadano a la comunicación habilita a las organizaciones y sus proyectos comunicativos a demandar al Estado no sólo una porción de la pauta publicitaria, sino también apoyo y compromiso efectivo con el desarrollo de estas experiencias. Pero al mismo tiempo, deben fortalecerse los emprendimientos cooperativos en el sector de las comunicaciones, que en distintos ámbitos de la economía vienen demostrando una gran solidez y resultados significativos. Los desarrollos y experiencias de la llamada economía social deben constituir aportes sustantivos para repensar nuestros modelos mediáticos del sector social, que vienen sufriendo el ahogo económico y la dependencia de la cooperación internacional.
Hoy tenemos posibilidades ciertas de articular proyectos diversos que atraviesan de lado a lado el campo de la comunicación y la cultura, para barajar y dar de nuevo hacia un nuevo sistema de medios en la Argentina.
0 comentarios:
Publicar un comentario