La comunicación como bien social

En esta época, pocos dudan respecto de que los organismos y dependencias del Estado debieran satisfacer necesidades de la sociedad. Sus esfuerzos deberían encaminarse a ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos. Este Estado moderno con obligaciones sociales es responsable también de garantizar que la comunicación llegue a todos y, al mismo tiempo, que todos tengan la posibilidad de expresar sus ideas y opiniones a través de los medios de comunicación disponibles.   
Si la comunicación es un bien social, se podría inferir que los medios de comunicación (radio, televisión y prensa gráfica) también benefician a toda la ciudadanía porque son los median la información entre las instituciones y la sociedad. Pero esta lógica cambió demasiado en los últimos 20 años y no siempre los medios de comunicación social han sido un vehículo de trasmisión de información fidedigno.   
El Estado como agente regulador tiene la obligación de garantizar que los medios de comunicación ayuden a que se universalice el acceso a la información y que se multipliquen las voces de análisis, de crítica, y de trasmisión de ideas en la comunidad.
Dentro de ese marco, se dieron en nuestro país numerosas iniciativas legislativas (no todas ellas tuvieron tratamiento todavía) para tratar de que el ejercicio del derecho a la comunicación sea cada vez más amplio y que no dependa de unas pocas voces supuestamente “autorizadas”.
Pero ¿Qué justifica la intervención del Estado en la comunicación a través de políticas regulatorias? Mientras más avanzó la tecnología, la posibilidad de ofrecer información a través de diferentes formatos hizo crecer el poder de los medios de comunicación en progresión aritmética. Y esa misma posición debilitó al Estado cuyos mecanismos de llegada a sus ciudadanos no debieran estar alejados de idéntica lógica que los medios de comunicación social.
Se puede decir, que el Estado interviene para frenar el avance de los medios en la consideración social. Hoy, si alguna información no salió en los medios pareciera que nunca ocurrió, lo que potencialmente representa un peligro porque son las diferentes líneas editoriales de los medios las que deciden qué hechos ocurrieron y cuáles no.
Pero, al mismo tiempo, el Estado debe asegurar la existencia de nuevos espacios públicos de comunicación, en los que los ciudadanos puedan expresar sus ideas y que no queden entrampados en la lógica comercial de algunos medios de comunicación. Estos son dos de los aspectos que justificarían la creación de nuevos mecanismos de regulación para la comunicación.
Si el  Estado debe velar por el bienestar de la ciudadanía, debe asegurarse de que los contenidos que se emitan a través de los diversos medios de comunicación beneficien a sus ciudadanos.
En alguna medida, los medios de comunicación colaboran con la tarea del Estado porque las medidas que éste dispone son conocidas rápidamente en la sociedad gracias a la radio, la televisión y el diario.
Para que los medios de comunicación se comprometan a brindar a la ciudadanía información veraz que contribuya al desarrollo y al crecimiento de la Nación, el Estado debe establecer reglas de juego claras y garantizar que los contenidos emitidos a través de los medios masivos sean trascendentes para la ciudadanía.
Pero, hasta ahora, ¿La intervención del Estado en la comunicación ha surtido efecto?, ¿Controla el Estado a los medios de Comunicación?, ¿Es la comunicación ciertamente un bien social en la actualidad? Si hubiese respuestas satisfactorias a estas preguntas, los ciudadanos no tendrían las sensaciones encontradas que tienen hoy.