La comunicación como bien social

En esta época, pocos dudan respecto de que los organismos y dependencias del Estado debieran satisfacer necesidades de la sociedad. Sus esfuerzos deberían encaminarse a ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos. Este Estado moderno con obligaciones sociales es responsable también de garantizar que la comunicación llegue a todos y, al mismo tiempo, que todos tengan la posibilidad de expresar sus ideas y opiniones a través de los medios de comunicación disponibles.   
Si la comunicación es un bien social, se podría inferir que los medios de comunicación (radio, televisión y prensa gráfica) también benefician a toda la ciudadanía porque son los median la información entre las instituciones y la sociedad. Pero esta lógica cambió demasiado en los últimos 20 años y no siempre los medios de comunicación social han sido un vehículo de trasmisión de información fidedigno.   
El Estado como agente regulador tiene la obligación de garantizar que los medios de comunicación ayuden a que se universalice el acceso a la información y que se multipliquen las voces de análisis, de crítica, y de trasmisión de ideas en la comunidad.
Dentro de ese marco, se dieron en nuestro país numerosas iniciativas legislativas (no todas ellas tuvieron tratamiento todavía) para tratar de que el ejercicio del derecho a la comunicación sea cada vez más amplio y que no dependa de unas pocas voces supuestamente “autorizadas”.
Pero ¿Qué justifica la intervención del Estado en la comunicación a través de políticas regulatorias? Mientras más avanzó la tecnología, la posibilidad de ofrecer información a través de diferentes formatos hizo crecer el poder de los medios de comunicación en progresión aritmética. Y esa misma posición debilitó al Estado cuyos mecanismos de llegada a sus ciudadanos no debieran estar alejados de idéntica lógica que los medios de comunicación social.
Se puede decir, que el Estado interviene para frenar el avance de los medios en la consideración social. Hoy, si alguna información no salió en los medios pareciera que nunca ocurrió, lo que potencialmente representa un peligro porque son las diferentes líneas editoriales de los medios las que deciden qué hechos ocurrieron y cuáles no.
Pero, al mismo tiempo, el Estado debe asegurar la existencia de nuevos espacios públicos de comunicación, en los que los ciudadanos puedan expresar sus ideas y que no queden entrampados en la lógica comercial de algunos medios de comunicación. Estos son dos de los aspectos que justificarían la creación de nuevos mecanismos de regulación para la comunicación.
Si el  Estado debe velar por el bienestar de la ciudadanía, debe asegurarse de que los contenidos que se emitan a través de los diversos medios de comunicación beneficien a sus ciudadanos.
En alguna medida, los medios de comunicación colaboran con la tarea del Estado porque las medidas que éste dispone son conocidas rápidamente en la sociedad gracias a la radio, la televisión y el diario.
Para que los medios de comunicación se comprometan a brindar a la ciudadanía información veraz que contribuya al desarrollo y al crecimiento de la Nación, el Estado debe establecer reglas de juego claras y garantizar que los contenidos emitidos a través de los medios masivos sean trascendentes para la ciudadanía.
Pero, hasta ahora, ¿La intervención del Estado en la comunicación ha surtido efecto?, ¿Controla el Estado a los medios de Comunicación?, ¿Es la comunicación ciertamente un bien social en la actualidad? Si hubiese respuestas satisfactorias a estas preguntas, los ciudadanos no tendrían las sensaciones encontradas que tienen hoy.

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Síntesis histórica sobre la evolución desde la Ley de Radiodifusión a la Ley SCA

La Ley de Radiodifusión estuvo vigente en nuestro país durante 29 años.
Fue un decreto de la última dictadura militar que, dentro del marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, hizo de la comunicación un sistema funcional a sus intereses.
Desde la vuelta a la institucionalidad democrática (1983)  se presentaron alrededor de 50 proyectos de ley que, en la mayor parte de los casos, “durmieron” en algún cajón del Congreso o transcurrieron sin pena ni gloria.
Esta situación no describe la ausencia de políticas públicas en la materia, por el contrario, fueron muchas las medidas tomadas y todas –o casi todas- sirvieron para profundizar el modelo vigente.
Empujados por el clima social, cada uno de los presidentes que gobernó en este cuarto de siglo prometió la sanción de una nueva Ley que contemplara los reclamos de democratización y pluralismo de la sociedad Argentina.
El sistema de medios ideado por la Ley 22.285 estableció en su momento la distribución equitativa de canales de televisión y emisoras de radio entre las tres Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Ese esquema servía -en teoría- para garantizarle a la Junta Militar el estricto control de los contenidos que iban a emitirse en una Nación que, según sus propios términos, debía cuidarse de la infiltración marxista y las ideas foráneas.
El 22 de agosto de 1981 se creó el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), con la supuesta misión de velar por los intereses de la sociedad argentina en materia de radiodifusión. Debía estar presidido por un integrante de cada una de las fuerzas armadas.
Hasta entonces, los medios de comunicación podían ser privados o estatales, en ningún caso podían estar en mano de cooperativas u organizaciones sociales sin fines de lucro y debían ser argentinos.
La última dictadura militar instaló mucho más que un sistema de opresión y terror. Fue el instrumento para desarrollar un fenomenal proceso de reconversión política y económica que llegó a su cumbre en la década del 90 con las privatizaciones, los despidos masivos, la flexibilización laboral, la desregulación de la jubilación y las obras sociales y la entrada de los grupos financieros internacionales.
Al igual que en el resto de América Latina, en la década del 90, se privatizaron los canales y emisoras de radio que aún permanecían en manos del Estado y se fueron constituyendo en grandes multimedios de propiedad nacional o extranjera.
Las empresas de información y entretenimiento se vincularon a las multinacionales, un paso imprescindible a la hora de abrirse camino hacia los nuevos negocios que brindaba la tecnología.
Las cooperativas fueron durante muchos años el patito feo. Recién a partir de una reforma del artículo 45º de la Ley 22.285, de agosto de 2005, fueron habilitadas para gestionar medios de comunicación. Sin embargo, la reforma no fue completa, el texto del nuevo artículo excluía a las cooperativas de servicios públicos, precisamente las que están en mejores condiciones para brindar servicios de radiodifusión y adaptarse a las nuevas tecnologías.
Durante las últimas décadas fue posible identificar cuatro procesos que intervinieron para cristalizar el ordenamiento económico de la información y la inversión de las lógicas de desarrollo tradicionales del sector:
•    El salto tecnológico,
•    El deterioro o desmantelamiento de las empresas y entes públicos
•    Las estrategias de mundialización de los grandes actores del mercado en todo el planeta
•    La expansión de la publicidad como mecanismo privilegiado de financiamiento de estas actividades.
La fusión de distintos medios de comunicación con empresas de rubros totalmente distintos tuvo que ver con la necesidad de potenciar y multiplicar el volumen de negocios y expandirse hacia nuevos mercados, gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
La dificultad por parte de los Estados latinoamericanos para establecer políticas claras que favorezcan algún grado de participación de la sociedad tiene una larga historia. Fue el mercado el que fijó de hecho las principales estrategias en el sector infocomunicacional para que, con posterioridad, el Estado ajustara el marco regulatorio a dicha situación, según una investigación realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad, con sede en Lima (Perú).
Las grandes cadenas de televisión norteamericanas fueron encontrando espacios por donde colarse. Los tres canales de Buenos Aires tuvieron una relación directa con la programación de las cadenas ABC, NBC y CBS. Fue el comienzo de la incorporación a gran escala de contenidos provenientes del exterior, principalmente de Estados Unidos, a los que hoy estamos tan acostumbrados y vemos con tanta naturalidad.
El período 1989-1999, década durante la cual fue presidente Carlos Menem fue el de las grandes reformas y la reconfiguración del mapa mediático.
El alto grado de concentración, el poder casi monopólico de los multimedios y la marginación de las organizaciones sin fines de lucro fueron sus principales características. A eso, debemos sumarle un sistema de medios públicos absolutamente vaciado, depreciado, y subestimado.
Al poco tiempo de asumir Menem, dentro del marco de la llamada Ley de Reforma del Estado (23.696), se decidió la modificación del artículo 45º de la Ley de Radiodifusión y se configuró la base de lo que terminaría siendo la privatización de los medios de comunicación estatales.
No hubo entonces ningún tipo de modificación a favor de las cooperativas, ya que se mantuvo en el texto del artículo 45º el veto a que el capital social pudiera administrar un canal de televisión o una radio.
Se hizo una excepción: con la Resolución 858/90 del COMFER, se agregó a la Iglesia Católica Apostólica Romana en la categoría de personas estatales, con capacidad para ser titulares de licencias de radiodifusión.
Hoy, tenemos en nuestro país dos grupos económicos que concentran la mayor parte de los medios de comunicación: el Grupo Clarín y el Grupo ADMIRA (Telefónica de España). El origen del Grupo Clarín en realidad se remite a la fundación del diario del mismo nombre, en la década del 40. Su incursión en la radio y la TV recién se produjo a mediados de la década del 80, con la compra de Radio Mitre y, desde allí, inició un proceso de expansión que aún continúa. En el año 2000, ya conformado como gran multimedios, vendió el 18% por ciento de todo el Grupo a la financiera norteamericana Goldman Sachs por 500 millones de dólares. Maneja el negocio de Direct TV con la empresa Hughes, de General Motors; parte de sus medios gráficos con Techint, una de las grandes beneficiadas tras las privatizaciones (electricidad, gas, petróleo, siderurgia, peajes, etc.); parte de la televisión del interior con el Grupo Mas Tec (fundado por el anticastrista Mas Canosa), y otras iniciativas similares.
El grupo Admira es el resultado del desmantelamiento del Citicorp Equity Investments (CEI) que nació en 1992 prácticamente como un emprendimiento financiero, aunque rápidamente se fue convirtiendo en uno de los grupos que más disposición mostró para acompañar la gestión y los sucesivos intentos de re-reelección de Carlos Menem.
En 4 años, el grupo ya poseía varios canales de cable y de televisión abierta, TELEFÉ, seis canales del interior y, el 50% de Canal 9 y sus cuatro canales asociados del interior. Controlaba las radios La Red y Continental y la editorial Atlántida. Un año más tarde, en 1999, el CEI de Moneta, Tom Hicks (empresario petrolero amigo de George W. Bush) y el Citibank era el grupo más poderoso de la Argentina, con un patrimonio declarado de 3200 millones de dólares.
Con la salida del menemismo, el CEI se disolvió y la mayor parte de sus acciones fueron compradas por Telefónica de España. Buena parte de los medios no absorbidos por Telefónica terminaron formando parte del Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F), de neto capital norteamericano.
Poco antes de abandonar el poder, Carlos Menem impulsó un nuevo decreto, el 1005/99, que dio marco legal a una situación que ya existía de hecho: la gran concentración de la propiedad de los medios. Algunos de los puntos incluidos en el decreto fueron:
•    El ingreso de capitales extranjeros: se autorizó para los casos de capitales de países con Tratados de Reciprocidad firmados con la Argentina y se eliminó el requisito de diez años de residencia para socios extranjeros.
•    Se amplió el número de licencias por operador de 4 a 24 en el país, facilitando la concentración en pocos operadores (multimedios).
•    Se autorizaron las cadenas permanentes de transmisión, lo que significó la posibilidad de programar un solo producto para todo el país al mismo tiempo.
•    Se eliminó la restricción publicitaria horaria de 12 y 14 minutos para televisión y radio, respectivamente, autorizando su distribución en bloques de tres a seis horas de programación.
•    Se autorizaron las transferencias de licencias facilitando la compra-venta de medios y haciendo muy difícil el seguimiento de los compromisos de los licenciatarios al servicio.
En 1999, Fernando De la Rúa asumió el gobierno con varias promesas en el bolsillo. Una de ellas era sancionar en poco tiempo una nueva Ley de Radiodifusión. No lo hizo. Sin embargo, las primeras medidas del presidente en materia de medios de comunicación no se hicieron esperar demasiado: una de ellas fue el veto -mediante el Decreto 152/99- de la Ley Nº 25.208 promulgada el 24 de noviembre de ese año por la gestión de Menem. Se trataba de la conformación de una sociedad estatal, no gubernamental, controlada por el Congreso, a cargo de la administración de Argentina Televisora Color (ATC - Canal 7), Radio Nacional, el (SOR) Servicio Oficial de Radiodifusión y la RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior). El argumento fue que su puesta en práctica sería imposible.
Paradójicamente, en enero de 2001, el mismo De la Rúa creó a través del decreto Nº 94/01 el Sistema Nacional de Medios Públicos, conocido como multimedios oficial, para integrar el SOR, Canal 7 y la Agencia de Noticias TELAM.
No hubo otras medidas resonantes hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder.
La “Era K” también comenzó con promesas de una nueva Ley de Radiodifusión... tampoco pasó nada y más que cambios en la materia hubo ratificaciones: “A los pocos días de asumir el presidente Néstor Kirchner, el Senado de la Nación aprobó la modificación legislativa que impide a capitales extranjeros poseer más del 30% de la propiedad de estas industrias culturales (la disposición, según el artículo segundo de la ley, no se aplicará a los medios que, previamente a su sanción, tuvieran una presencia mayor de capitales extranjeros).
Esta mal llamada ley de defensa de las industrias culturales se limitaba a evitar que aquellos grupos que aún no habían quedado en manos del capital extranjero fueran absorbidos por sus acreedores externos por no pagar. Así el Estado convalidó deudas asumidas para sostener el proceso de concentración de la propiedad, no estableció una política a futuro y se limitó a resguardar las posiciones de un selecto grupo de empresarios sin siquiera establecer alguna compensación.
Lo que se conoció como Ley de Industrias Culturales era en realidad un anhelo de los principales multimedios argentinos, sobre todo, de los de capital nacional. Mucho se habló de la relación de los medios de prensa y el poder político, pero más allá de todo tipo de especulaciones lo cierto es que esta ley benefició a estos grupos y fijó nuevas normas en cuanto al origen de la propiedad, aunque sin complicar a los grupos extranjeros radicados en el país con anterioridad a la ley.
La sorpresa la dio la Corte Suprema de Justicia cuando dictó, en el año 2003, la inconstitucionalidad del artículo 45º de la Ley 22.285, que impedía que las cooperativas fueran propietarias de medios de comunicación. Pero para que esta medida entrara en vigencia era necesaria la intervención del Congreso y fue recién en agosto de 2005 que se votó la modificación del artículo 45º de la Ley de Radiodifusión, permitiendo que las organizaciones sin fines de lucro brinden ese tipo de servicios (Ley 26.053 de sustitución del artículo 45º de la Ley Nº 22.285). Sin embargo, nuevamente, la reforma fue a medias y quedaron fuera del texto las cooperativas de servicios públicos, precisamente las únicas en condiciones de dar la prestación a nivel competitivo.
En mayo de ese mismo año, el presidente Néstor Kirchner había sancionado la medida probablemente más polémica en materia de radiodifusión impulsada durante su mandato: el decreto 527 por el que se suspendió por 10 años el cómputo del plazo de licencias a los gerenciadores de los principales medios de comunicación, otorgándoles, de hecho, el usufructo por 25 años.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, las compras, las ventas, la extranjerización y la conformación de nuevos grupos de medios se mantuvieron con el mismo ritmo de siempre. En el año 2004, por ejemplo, se realizó una de las operaciones más importantes vinculada al negocio de los medios de comunicación: la que encabezó el empresario Daniel Hadad con la compra de Canal 9.
El interés del empresario por los medios de comunicación comenzó en 1997, cuando adquirió de manera poco clara la AM 710 (Radio Municipal). Con la compra del canal 9 sus negocios se expandirían hasta lograr conformar un grupo que incluía, además de Radio 10 y FM La Mega, la revista La Primera, el diario InfoBAE, tres emisoras del interior (Mar del Plata, Resistencia y Paraná) y el portal de internet Infobae.com. A comienzos de 2007, Daniel Hadad vendió el 80% de Canal 9 a un empresario mexicano, Ángel González, en una operación de más de 70 millones de dólares.
De la misma forma, el empresario Francisco De Narváez, también de origen menemista, pudo consolidar un importante grupo de medios durante el gobierno de Kirchner. El heredero de Casa Tía es hoy propietario de El Cronista Comercial, Radio “La Red” y el canal de televisión abierta América TV, entre otros medios de comunicación.
Estos negocios y movimientos económicos no fueron clandestinos y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), encargado de fiscalizar los medios argentinos, apenas si acusó recibo de estas maniobras y del origen de los fondos con los que se realizaron estas operaciones.
No todo fue complicidad y connivencia en estos años. Muchos de los casi 50 proyectos que se presentaron para cambiar la Ley de Radiodifusión buscaban cambios significativos y la sanción de una norma que asegurara mayor democracia, equilibrio y pluralismo en materia de comunicación.
Nuestro país está todavía muy lejos de contar con un sistema de medios más solidario. Como señala la Coalición XXI, Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, el Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol y garantizar la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
Democracia es sinónimo de multiplicidad de voces y el modelo de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, inaugurado en la década del 90, fomenta la unidireccionalidad de los mensajes y de la información.
Quizás uno de los problemas principales que se debe enfrentar es la cuestión del acceso a los servicios de telecomunicaciones que, en la región, es todavía muy reducido. En la década del 90 se verificó un aumento en relación a la cantidad de líneas existentes en la región, pero las cifras aún son muy inferiores a las de los países centrales. Este dato cobra mayor importancia si se consideran los discursos existentes que proclaman el advenimiento de una Sociedad de la Información, donde la conectividad constituye un elemento central en la obtención / construcción de la ciudadanía.
Por otro lado es muy difícil deshacer de un día para otro el camino recorrido durante 29 años. Los medios de comunicación forman parte del bloque dominante y resulta complejo pensar en construir contra-hegemonía prescindiendo de ellos.
A esta altura deberíamos haber aprendido la lección.
En nuestro país la experiencia de los multimedios estuvo, y sigue estando todavía, atravesada por el monopolio, la corrupción y hasta el lavado de dinero. Es cierto que no se trata de un fenómeno extendido a todas las provincias del país, pero está muy instalado en las más grandes y, por lo general, éstas arrastran a las más chicas en tendencia y en contenidos.
El Estado no ha permanecido ausente de todo este proceso, al contrario, ha hecho lo necesario para favorecer, desde el punto de vista de la legislación y las normas, la concentración y la uniformidad en los contenidos. En todo caso lo que faltó es una política de Estado que comprenda y estimule a la radiodifusión como servicio público en función de las necesidades populares.
La sociedad no debe ni puede dejar de exigir que el Estado ocupe su lugar y asuma la defensa del derecho de los argentinos por una comunicación democrática. Pero al mismo tiempo, desde los distintos sectores que conforman el campo popular, es importante estimular la creación de medios de comunicación propios que contribuyan a reflejar una realidad que no tiene pantalla en la CNN, en los programas de concursos ni en Gran Hermano.

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Ley SCA. Las 5 Preguntas del periodismo

Teoría de las cinco W
Es una de las teorías periodísticas que más se ha utilizado y que, actualmente, sigue vigente. Su nacimiento responde al desarrollo de la información, de su manejo y de las necesidades de estructuración que en los medios iban apareciendo para lograr un mejor periodismo.
Su explicación es tan corta como sencilla.
La teoría de las cinco W se basa en cinco preguntas a las que cualquier información, especialmente la de carácter noticioso, debe responder para que sea completa y para que cumpla cabalmente con su primer y más grande fin: lograr que las personas se enteren, de la manera más clara y completa, de lo que está sucediendo.
Estas preguntas son: Who? What? When? Where? Why? (Quién lo hizo, qué hizo, cuando lo hizo, dónde lo hizo, y por qué lo hizo); cinco expresiones inglesas que le dan nombre a esta teoría. La teoría incorporó una sexta pregunta tiempo más tarde: How? (Cómo pasó)
Esta teoría aún se pone en práctica a nivel mundial, ya que es un método idóneo a la hora de tratar la información y convertirla en noticia.

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La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Abordar el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) desde lo que conocemos como las cinco preguntas básicas del periodismo nos permitirá (a eso aspiramos) no solo esclarecer algunos interrogantes que plantea sino también reflexionar sobre el mapa mediático que tenemos hoy en el país y resolver, en forma conjunta, si responde a la premisa básica: tratamiento de la información como bien social.
A la hora de responder estos interrogantes estaremos, como ciudadanos, preguntándonos por qué ahora, por qué este gobierno, por qué de este modo y, sobre todo, para qué esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Demasiados interrogantes para responder en este momento crucial en el que, el concierto de medios de comunicación, tendrá que poner en juego su capacidad de autocrítica y su poder de reacomodación.
Algunos saldrán airosos en el intento otros sucumbirán a la tentación de hacer primar sus intereses económicos a la trayectoria periodística que los ha llevado a sobrevivir a crisis aún más profundas.
La subestimación del grado de conciencia de la población sobre  la concentración de medios existentes en el país es el talón de Aquiles de quienes se precian de ser profesionales, objetivos,  imparciales.
El especialista en políticas de comunicación e investigador y docente en las universidades nacionales de Quilmes, Buenos Aires y La Plata, Martín Becerra, asegura: “a nadie se le escapa que esta sociedad está moldeada por el actual sistema de medios, y evitar que ese sistema se transforme es una evidente complicidad con su estado actual de funcionamiento”.
Becerra agrega: “La oposición…no toma nota del grado de consenso que tiene este proyecto en las organizaciones de la sociedad civil, y no es consciente del grado de rechazo que hay en la Argentina a los monopolios mediáticos. Y si no advierte este aspecto, va a sufrir un gran traspié. Porque aliándose con los grandes grupos, en esto que yo llamo pacto fáustico en el que entregan su sangre a cambio de la promesa de la vida eterna, no se dan cuenta de que los medios nunca te dan la vida eterna y te clavan el aguijón cuando menos lo esperás. Me parece que se equivocan muchísimo y subestiman el grado de conciencia que tiene la sociedad sobre este tema”.
Un mayor espacio a productos audiovisuales de origen nacional y popular, diversificación y renovación de las licencias y la televisación de los partidos de fútbol por canales abiertos, son algunos de los cambios fundamentales que plantea el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que reemplazó a la antigua ley de radiodifusión sancionada durante la dictadura. Muchos alertaron sobre el peligro de la libertad de prensa y las maniobras del gobierno nacional. Otros, despojados de intereses empresariales, apoyaron la iniciativa.
Creemos que es muy pronto para conocer los alcances de este cambio, y las estratagemas de sus enemigos.
La lucha sigue (con su alegría, con su paso lento pero seguro), y esta victoria sólo nos convence de la necesidad de seguir hasta que los medios reflejen en la misma medida lo que les conviene y lo que no, y cada ciudadano tome de ellos las herramientas para formar su propia opinión, y valorar su realidad.

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Situación del espectro radioelétrico en Córdoba

Por Mario Farías (Director de la Radio comunitaria FM Sur; Vicepresidente de FARCO – Foro Argentino de Radios Comunitarias)

La sanción de la Ley 26522 implica el cambio de la regulación de la comunicación audiovisual en Argentina y sus efectos tambièn se sentirán en Córdoba. Los medios de comunicación deberán adecuarse a la nueva Ley según lo dispuesto en el art. 161, que dice “ los titulares de licencias deberán ajustarse a las disposiciones previstas en un plazo no menor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”. La Autoridad de aplicación – AUFER – iniciará sus funciones el 10/12/2009 ( Decreto 1525/2009 ) y, según el art. 156 de la Ley el nuevo organismo tiene un plazo máximo de 60 días para elevar el proyecto de reglamentación al Poder Ejecutivo. La constitución del Consejo Federal de Comunicación ocurrida en estos días, es una señal de que la Presidenta Cristina Fernández pretende avanzar rápidamente en la implementación de la Ley, por lo cual es razonable estimar que desde el mes de marzo y/o abril de 2010 podría empezar a correr el plazo de 1 (un) año de adecuación.
Esto significa que aquellas empresas que fueran titulares de una mayor cantidad de licencias que las permitidas por la Ley, deberán transferir las mismas a sus nuevos titulares. Es casi seguro entonces, que TV Canal 12 cambie su titularidad y otro tanto podría ocurrir con TV Canal 8. En lo que hace a los contenidos, los canales de TV abierta estarán obligados a emitir un 30% de producción propia. Cadena 3 debería transferir por lo menos 9 de las 19 emisoras que aparentemente posee ( se supone que conservará en Córdoba la AM y deberá desprenderse de una de las tres FM ( FM Popular, FM 100.5 y 106.9 ) y no podrá transmitir en cadena el 100% de su programación al resto de las emisoras como lo hace actualmente. La Ley prevee que “una emisora adherida a una o mas redes no podrá cubrir con esa programación mas del 30% de su emisión diaria “, salvo y “por excepción cuando se verifiquen cabeceras múltiples”.En tal caso podría ampliarse ese porcentual.
Otros cambios podrían sobrevenir según las opciones de adecuación que realice el grupo Clarín, respecto de Radio Mitre Córdoba ( AM ) así como a las FM Mía (104.1 ), la 97.9 y la 102.9 ( la 100 ). En la radio LV2 y en FM 99.7 no habría cambios en principio, ya que trascendió que no pertenecen más al grupo Vila-Manzano, pero esto deberá verificarse documentalmente. Otras modificaciones al mapa de medios en Córdoba se producirían en el denominado Córdoba Media Group ( Rock & Pop FM 95.5 ; Radio 10 FM 97.9 ; Mega FM 90.3 y Zero 91.7 ) ya que algunas de sus frecuencias son repetidoras de radios de Buenos Aires y según el art. 45. inc. 2 de la Ley, en el orden local es posible ser titular de hasta 2 (dos ) licencias de FM. Otro tanto ocurriría en el Grupo Shopping que explota las señales 88.9 Pobre Johnny; 96.1 FM Classics y la FM 94.7.
De cualquier forma "el cambio de manos" no augura un paisaje de mas variedad y calidad en las efemes comerciales, casi con seguridad lo que vendrá será más de lo mismo.
En cuanto al resto de las emisoras de la banda de FM en la ciudad de Córdoba, el AUFER deberá avanzar en un rápido y eficiente proceso de normalización que incluya una exhaustiva evaluación de la situación de las distintas emisoras, sus antecedentes y la documentación con la que cuentan ( art. 159 y 160 de la nueva Ley ). El otorgamiento de licencias a las radios comunitarias que existen se torna un imperativo, si se toma en cuenta su larga trayectoria en la lucha por su legalidad y por una nueva Ley.
El art. 89 inciso f) de la Ley 26522 dice “ se reservará el 33% de las localizaciones radioeléctricas en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestre en todas las áreas de cobertura, para las personas de existencia ideal sin fines de lucro”. Esto significa el 33% del espectro en la banda AM, FM y TV. En la ciudad de Córdoba, la asignación de frecuencias en la banda de FM para las organizaciones sin fines de lucro no se verificaràn en lo inmediato, por las dificultades que presenta como “zona de conflicto” ( sobresaturación del espectro), pero sí aparece como mas probable el llamado a concurso para la asignación de frecuencias en la banda de AM y para televisión.
Es inimaginable una radio AM en la ciudad de Córdoba gestionada por un consorcio de organizaciones sociales que pueda ser otra opción en el dial ? Una radio popular masiva, con una programación entretenida y de calidad, con información variada, con un discurso progresista, simple, crítico, con formatos radiales atractivos y novedosos, es pedir demasiado?
El panorama en la banda de FM cambia en el interior de la provincia, donde “el aire” está mas despejado. Desde un punto de vista práctico, allí es donde se abren mas oportunidades para el desarrollo de nuevas radios de gestión social.
En cuanto a los medios universitarios se hace necesario debatir dentro y fuera de la Universidad Nacional, qué rol y que contenidos deberían aportar a la ciudadadanía los SRT en función del nuevo paradigma de la Ley: la comunicación como un bien público y como un derecho humano.
La FM 94.3 de la Universidad Tecnológica Regional puede seguir sin programación solo porque así lo ha decidido de manera unipersonal su Decano? La radio desde hace mas de un año emite solamente música.
Finalmente, para ampliar la oferta televisiva, debe ser instrumentada sin mas demora la posibilidad de que la TV Pública ( Canal 7 ) pueda verse por señal abierta en toda la geografía provincial y los canales Encuentro y Telesur puedan verse por cable con abono social.

Espacios de Participación
En relación al Consejo Federal de Comunicación y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos ya constituídos, es necesario trazar algunas estrategias que permitan aprovechar esas instancias de participación, por ej: interactuando con el representante de la provincia de Córdoba en el Consejo Federal y/o con los representantes de los distintos sectores que lo integran. Proponiendo que el mismo no solo se reúna en Capital Federal sino también en las provincias, etc. Por otra parte, sería interesante pensar la posibilidad de constituir espacios de participación de carácter provincial ( aún sin estar contemplados en la nueva Ley por la vía interpretativa podrían asimilarse) por ej : un Consejo Consultivo de Medios Públicos de la Provincia de Córdoba.
Otra apuesta podría ser fortalecer a la Coalición por una Radiodifusión Democrática Córdoba, como un ámbito amplio, diverso y plural, que tenga entre otros objetivos, realizar el seguimiento de la implementación de la nueva Ley en Córdoba, promover proyectos por ejemplo para reglamentar la asignación de la publicidad oficial provincial, etc.

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Televisión federal, cabeza federal

Por Lic. Graciela Ramos

Ante las perspectivas que abre la nueva Ley de Comunicación Audiovisual me parece oportuno reflexionar sobre lo que todos aspiramos a desarrollar cuando hablamos de televisión federal, desde lo público y también desde lo privado.
Las posibilidades que ofrece la nueva norma nos obligan no solo a pensar y discutir esta televisión, sino a darle forma concreta, a parirla, a abandonar el plano de la pura especulación, para abordar su misma creación. Me refiero a determinar los contenidos y a plasmar en la práctica lo que aspiramos que sea .
Lo federal nos plantea un desafío en lo que respecta a producción y contenidos, que nos impele a mirarnos a nosotros mismos y a los grandes proveedores y productores, a los que geográficamente ubicamos en Capital Federal y sus alrededores, con ojo crítico.
Y digo con ojo crítico porque si bien es plausible la intención de quienes, desde el puerto, quieren mirar el país federal, seguramente por su condicionamiento cultural están impedidos de hacerlo y aunque tengan la sana intención de romper ese límite, es muy difícil que puedan lograrlo sin nuestra ayuda, la de la gente del interior.
De la misma manera nosotros, el interior, acostumbrados a depender de los contenidos provistos desde Buenos Aires, por más que protestemos, deberemos ahora comenzar a gestionar los propios, a producirlos, a hacerlos sustentables y a darles visibilidad.
La sustentabilidad de estos productos está, yo diría, indisolublemente atada al éxito de lo que la nueva ley propone. De la misma forma su visibilidad, ya que si generamos contenidos que no ve nadie, que no resultan atractivos para nadie, transitaremos un camino que nos llevará sin dudas, al fracaso de lo que el espíritu de la ley sostiene.
Debemos pensar que nuestros canales, aún los públicos, cuentan con una programación de más de 20 horas diarias, mayoritariamente conformada por contenidos que no son propios, que por lo general son retransmitidos desde los canales madre a los canales del interior de los grupos que los conforman. En el caso de la televisión privada por ejemplo, Telefé y Canal 13 proveen a los canales del interior de sus respectivos grupos y en el de la pública, Canal 10 es provisto por Canal 7 y Encuentro.
La producción de contenidos es costosa no sólo desde lo económico que no es un tema menor, sino también desde la propia realidad, y desde lo creativo y lo atractivo.-
La digitalización de la televisión abre la posibilidad de que muchos más canales de los que por ejemplo en Córdoba lo están haciendo, puedan emitir en UHF. Debemos pensar cuáles, de qué modo y cómo se generarán y sostendrán sus contenidos.
Las organizaciones de la sociedad civil que accedan a ellos, así como los del sector público y aún los privados que no respondan a lo que hoy llamamos el monopolio, deberán garantizar programaciones atractivas y diversas que cubran si no veinte horas, unas cuantas al día durante toda la semana.
Los costos de producir para televisión son muy altos. Habrá que pensar en consecuencia, cómo se solventan. Si confiamos en que por medio de la publicidad, deberemos tener en cuenta que la inversión en ese rubro continuará siendo la misma, solo que ahora para repartir entre muchos más canales que además, deberán generar muchos más contenidos que los que actualmente produce la televisión argentina, sin distinciones de pública o privada.
Pero también habrá que considerar que muchos de los grandes anunciantes que hoy sostienen con su publicidad a las grandes redes de la televisión privada, seguramente tendrán otra actitud con los nuevos canales que no respondan puntulamente a sus intereses.
Por otro lado, debemos recordar que muchos de los canales del interior del país, sobre todo del NOA, NEA , Cuyo y sur, son sostenidos por la publiciad de los gobiernos de turno, a los que quedan atados. Si estos canales se multiplican, más allá de los condicionamientos aludidos y contra los que sin lugar a dudas hay que luchar, es razonable preguntarse de dónde surgirán los recursos para que puedan mantenerse.
Al iniciar estas reflexiones mencioné el condicionamiento cultural del que creo no puede desprenderse Buenos Aires para mirar el interior. De la misma manera estimo que, desde las provincias, nos paramos nosotros para abordar el problema. Quiero decir que no creo que estemos exentos de esos condicionamientos, los mismos u otros.
No sé si se ha hilado fino por ejemplo, en torno a la sustentabilidad de los canales en el interior del país. No sé si nosotros, el interior, tenemos una cabal idea de la magnitud de lo que estas transformaciones representan, no solo en los hechos concretos, en la producción y en la realización concretas, sino también en nuestras cabezas.
Me parece que es un buen momento para romper nuestros límites, para comenzar a mirar y mirarnos de otra manera, y sobre todo ayudarnos a reformular la relación entre la Capital Federal y el país del interior.
¿Hay algún otro medio que no sea el de la comunicación?

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Tomar el cielo por asalto

 Por Daniela Monje (Magister en Comunicación, integrante del Equipo de Comunicación y ciudadanía del CEA)

Una consigna revolucionaria y a la vez poética del mayo francés proponía: “la imaginación al poder” y desafiaba con ello a una arquitectura estatal burocrática y violenta incapaz de hacer lugar a las voces de estudiantes, trabajadores y sindicatos, que luchaban por vivir en una sociedad pacífica y justa.
40 años adelante de aquel ideario y desde una situación social y política francamente distante, sigue siendo inspirador recuperar como legado la dimensión de incertidumbre que conforma a la política y que es capaz de dar lugar al cambio, aquella zona en la que la política es creación e imaginación para la transformación social.
La “imaginación” es una buena clave de lectura política para transitar la incertidumbre que se abre para los actores públicos y comunitarios a partir de la sanción de la ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque sin desconocer que hay mucho camino recorrido en verdad, queda mucho por hacer.
Para empezar es necesario fortalecer lazos y estimular encuentros entre actores diversos: las universidades, los pueblos originarios, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones sociales a partir de su reconocimiento y jerarquización en la norma constitucional irrumpen con otra fuerza en un ecosistema de medios consolidado durante décadas en torno al sector privado-comercial. Aún con procedencias tan diversas estos actores comparten una cualidad central: no consideran a la comunicación como un bien lucrativo, sino en cambio como bien social y este punto de partida potencia un accionar conjunto y es sin dudas un diferencial significativo, a la hora de imaginar una comunicación emancipadora, diferente, capaz de cautivar, educar e informar a las audiencias a partir de otros códigos, lo cual no implica desconocer saberes y tradiciones sino por el contrario asumir otros desafíos como el de disputar sentidos en otra escala y avanzar hacia la construcción de ofertas no solo radiales sino televisivas de amplio alcance que compitan por audiencias masivas .
Claro que el problema no se resume en la diversidad de contenidos en términos de alternatividad sino que tiene un componente de desigualdad sustantivo. Partimos de una zona de profundas asimetrías, de capital, tecnológicas, de audiencias con la enorme tarea de disputar sentidos sociales frente a una oferta de medios autorreferencial, con un repertorio que conjuga altas dosis de banalidad, violencia, escatología, tragedia, espectacularización, miedo. Frente a ello es indispensable recuperar los sentidos valiosos que nos dan identidad como comunidad y hacerlos circular “tomando el cielo por asalto”.
Una tarea central en este camino consiste en actualizar y dar cursos de acción a dos ejes centrales del proceso de democratización de las comunicaciones: acceso y participación y no se trata de vincular estos sentidos solamente a los públicos sino también a los radiodifusores que desde el sector público y comunitario deberán sortear barreras tecnológicas y presupuestarias pero además culturales. En necesario por tanto trabajar teniendo a la sociedad como aliada haciéndolos parte de un proyecto de democratización de las comunicaciones que en verdad hace parte de una idea más amplia de igualdad, justicia y equidad sociales.
Si como advertía Arlt en los ´30 “el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo”, debemos reconocer que nada será sencillo de ahora en adelante. Somos muchos y diferentes, no es posible partir de un grado cero de desigualdad, pero esa quizás sea la fortaleza y no el límite.

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