Por María C. Mata (* Docente e investigadora de la comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.)
En el acto que sucedió a la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso expresó a la Presidenta de la Nación, en nombre de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que frente a las trampas que suelen hacerse para evitar el cumplimiento de las normas, lo que ofrecíamos desde ese espacio era una trama destinada a sostenerla. Y eso quiere decir, a mi juicio, destinada a implementarla y profundizar su alcance democratizador.
Hacer una trama no es algo sencillo. Es componer un tejido en el que si bien los hilos pueden ser diferentes, la manera de urdirlos debe producir un aspecto de conjunto: armonioso, consistente. Para eso hacen falta varias cosas: deseos y voluntad de tejer, creatividad y habilidades específicas. Pero además, hace falta saber qué tipo de trama se requiere y se quiere.
Asumiendo el desafío, imagino que la trama capaz de sostener la nueva ley tiene que contribuir a garantizar que más voces realmente puedan expresarse a través de los medios audiovisuales. Sus artículos brindan posibilidades para ello. Pero hay que hacerlas realidad.
Para eso será necesario fortalecer los medios sin fines de lucro existentes y promover la creación de nuevos medios que resulten sostenibles; es decir, capaces de construir fuertes vínculos con organizaciones y grupos sociales y con la audiencia, concebida como un conjunto de individuos que son espectadores pero también sujetos de derechos. Esto implica reflexionar acerca de las estrategias más adecuadas para lograrlo, porque no es la simple proliferación de medios la que garantizará la pluralidad y participación que anhelamos. Se trata de que existan medios en los cuales podamos expresarnos y sentirnos representados y que, al mismo tiempo, alcancen impacto público. De lo contrario, nos escucharíamos entre nosotros y en nada alteraríamos o confrontaríamos las agendas mediáticas hegemónicas.
Además, las posibilidades que brinda la ley se harán realidad si supervisamos los procedimientos de concurso y adjudicación de licencias. No podemos dejar de pensar que muchos de quienes se opusieron a la nueva ley ya deben estar diseñando fórmulas para travestirse y ensayando lobbies para incidir en esos procedimientos regulados por los artículos contenidos en los Capítulos I, II, III y IV.
En el mismo sentido, será necesario vigilar el cumplimiento de la adecuación de los medios monopólicos existentes a la actual normativa, en virtud de lo establecido en el artículo 161 y que en buena medida –especialmente para el caso de la radiodifusión- implicará mayores o menores porciones del espectro radioeléctrico disponibles para adjudicarse al sector sin fines de lucro y al sector público.
Pero también se impone asumir que los medios públicos no son ni estatales ni del gobierno. Para lograr esa reconversión, debemos velar para que se cumplan los objetivos que se establecen en el Art. 121, vinculados con el pluralismo, el acceso a la información y la defensa de los derechos humanos que ellos tienen que garantizar. Tenemos que intervenir en la designación del Consejo Consultivo Honorario de esos medios (Art. 124)1 y exigir la implementación del inc. c) del Art. 130 que establece que dicho Consejo debe habilitar canales de comunicación directa con los ciudadanos.
Finalmente, debemos hacer que la figura de la Defensoría del Público sea algo más que un avance normativo y se constituya en un verdadero espacio de participación. De ahí que debamos trabajar para que se cumpla efectivamente el Art. 19 que, entre otras cosas, establece que las organizaciones sociales y la ciudadanía debemos ser convocadas para debatir de manera permanente acerca del desarrollo de los medios de comunicación.
En suma, lo que debemos construir es una trama político-comunicativo-cult
Nota al pie
(1). En la constitución del directorio de RTA, al menos en lo que compete al “académico” que debe ser propuesto por el Consejo Federal, ya se ha incumplido lo prescripto en el Art. 132: debido al procedimiento seguido por el CIN pero que el Consejo aceptó, la persona designada no puede entenderse como un “representante” de las facultades o carreras de comunicación; se trata de una persona “perteneciente” a una de ellas, lo que es muy diferente. Algo similar ocurre respecto a la Autoridad de Aplicación y al propio Consejo Federal de Comunicación –ver nota de rector de la U. Nac. de Quilmes y nota de Fadeccos, entre otras.
En el acto que sucedió a la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso expresó a la Presidenta de la Nación, en nombre de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que frente a las trampas que suelen hacerse para evitar el cumplimiento de las normas, lo que ofrecíamos desde ese espacio era una trama destinada a sostenerla. Y eso quiere decir, a mi juicio, destinada a implementarla y profundizar su alcance democratizador.
Hacer una trama no es algo sencillo. Es componer un tejido en el que si bien los hilos pueden ser diferentes, la manera de urdirlos debe producir un aspecto de conjunto: armonioso, consistente. Para eso hacen falta varias cosas: deseos y voluntad de tejer, creatividad y habilidades específicas. Pero además, hace falta saber qué tipo de trama se requiere y se quiere.
Asumiendo el desafío, imagino que la trama capaz de sostener la nueva ley tiene que contribuir a garantizar que más voces realmente puedan expresarse a través de los medios audiovisuales. Sus artículos brindan posibilidades para ello. Pero hay que hacerlas realidad.
Para eso será necesario fortalecer los medios sin fines de lucro existentes y promover la creación de nuevos medios que resulten sostenibles; es decir, capaces de construir fuertes vínculos con organizaciones y grupos sociales y con la audiencia, concebida como un conjunto de individuos que son espectadores pero también sujetos de derechos. Esto implica reflexionar acerca de las estrategias más adecuadas para lograrlo, porque no es la simple proliferación de medios la que garantizará la pluralidad y participación que anhelamos. Se trata de que existan medios en los cuales podamos expresarnos y sentirnos representados y que, al mismo tiempo, alcancen impacto público. De lo contrario, nos escucharíamos entre nosotros y en nada alteraríamos o confrontaríamos las agendas mediáticas hegemónicas.
Además, las posibilidades que brinda la ley se harán realidad si supervisamos los procedimientos de concurso y adjudicación de licencias. No podemos dejar de pensar que muchos de quienes se opusieron a la nueva ley ya deben estar diseñando fórmulas para travestirse y ensayando lobbies para incidir en esos procedimientos regulados por los artículos contenidos en los Capítulos I, II, III y IV.
En el mismo sentido, será necesario vigilar el cumplimiento de la adecuación de los medios monopólicos existentes a la actual normativa, en virtud de lo establecido en el artículo 161 y que en buena medida –especialmente para el caso de la radiodifusión- implicará mayores o menores porciones del espectro radioeléctrico disponibles para adjudicarse al sector sin fines de lucro y al sector público.
Pero también se impone asumir que los medios públicos no son ni estatales ni del gobierno. Para lograr esa reconversión, debemos velar para que se cumplan los objetivos que se establecen en el Art. 121, vinculados con el pluralismo, el acceso a la información y la defensa de los derechos humanos que ellos tienen que garantizar. Tenemos que intervenir en la designación del Consejo Consultivo Honorario de esos medios (Art. 124)1 y exigir la implementación del inc. c) del Art. 130 que establece que dicho Consejo debe habilitar canales de comunicación directa con los ciudadanos.
Finalmente, debemos hacer que la figura de la Defensoría del Público sea algo más que un avance normativo y se constituya en un verdadero espacio de participación. De ahí que debamos trabajar para que se cumpla efectivamente el Art. 19 que, entre otras cosas, establece que las organizaciones sociales y la ciudadanía debemos ser convocadas para debatir de manera permanente acerca del desarrollo de los medios de comunicación.
En suma, lo que debemos construir es una trama político-comunicativo-cult
Nota al pie
(1). En la constitución del directorio de RTA, al menos en lo que compete al “académico” que debe ser propuesto por el Consejo Federal, ya se ha incumplido lo prescripto en el Art. 132: debido al procedimiento seguido por el CIN pero que el Consejo aceptó, la persona designada no puede entenderse como un “representante” de las facultades o carreras de comunicación; se trata de una persona “perteneciente” a una de ellas, lo que es muy diferente. Algo similar ocurre respecto a la Autoridad de Aplicación y al propio Consejo Federal de Comunicación –ver nota de rector de la U. Nac. de Quilmes y nota de Fadeccos, entre otras.
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